¿Cuidamos la equidad en el acceso a nuevos medicamentos? (II)

Se avecina tormenta…

Aún sin resolver la problemática sobre el acceso a los inhibidores de la proteasa NS3 para el tratamiento de la Hepatitis C crónica aparecen en el mercado farmacéutico un nuevo grupo de fármacos para el tratamiento de esta patología, se trata de un grupo de antivirales de acción directa de segunda generación; dos de ellos (sofosbuvir y simeprevir) han sido aprobados a finales de 2013 en los Estados Unidos por la FDA y en Europa la EMA ha autorizado el primero de ellos en enero de 2014 y el segundo acaba de recibir la autorización de comercialización en la Unión Europea. Estos nuevos fármacos tienen unos precios muy elevados, aunque algunos países de otros entornos están consiguiendo precios algo más “razonables”.

La aparente mejora en la eficacia del tratamiento de la Hepatitis-C de estos nuevos fármacos hace que en España la AEMPS haya autorizado el acceso mediante un procedimiento de uso compasivo a sofosbuvir y daclatasvir para tres grupos de pacientes. Estos medicamentos no tienen precio autorizado en España por lo que se está importando desde otros países a un precio de 16.920 € el envase de 28 comprimidos, 604 € por pastilla que se necesita todos los días de tratamiento (entre 12 y 24 semanas); lo que equivale casi al salario mínimo a jornada completa en España para 2014 (645 €).  Dejando al margen las cuestiones éticas sobre la propiedad y el fin que deben tener los fármacos en la actual sociedad o la consideración del coste-oportunidad, se hace necesario articular de manera urgente medidas para mantener la equidad en el acceso a estas innovaciones farmacológicas en el SNS ya que no es de recibo que ahora mismo el acceso a estos fármacos dependa de la decisión de los directores de los centros sanitarios que atienden a los pacientes y que tienen en su poder la clave de acceso a los mismos mediante el citado procedimiento de uso compasivo.

Por todo lo anterior es urgente un posicionamiento claro por parte de la AEMPS, una memoria económica y por supuesto que todos las CCAA y sus Hospitales públicos acepten las mismas normas para regular el acceso a estos nuevos tratamientos ya que si decidimos que los financiamos con los presupuestos públicos, tendrían que estar muy claros los criterios de inclusión y el número de pacientes a los que se puede financiar y el nivel de prioridad (debería ser objetivo) para acceder al mismo. La administración, los profesionales sanitarios y los pacientes, de un modo u otro, debemos poner orden en este escenario cada vez más delicado. Otras vías de acuerdos se hacen ya imprescindibles, acuerdos innovadores, riesgos compartidos o como se quieran llamar. Si el problema es únicamente económico también estamos obligados a “inventar” soluciones; el caso es pagar por resultados y en términos acordes a la economía actual.

Debemos pensar que detrás de estos números hay personas, hay sufrimiento y sería imperdonable que no actuáramos con absoluta transparencia y equidad. Los pacientes lo tienen claro y acaban de nombrar lo que hasta ahora no era necesario, un comisionado para la equidad…

¿Cuándo reaccionaran las administraciones públicas ante este problema?